El Defensor del Pueblo ha propuesto al Gobierno declarar servicios económicos de interés general la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios, así como garantizar la existencia de un cajero y oficina en núcleos poco poblados. Así se desprende del informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables que ha presentado en el Congreso la institución dirigida por Ã�ngel Gabilondo.
El organismo justifica la adopción de estas medidas en las dificultadaes que suponen para ciertos colectivos realizar operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener dinero en efectivo o realizar una transferencia. La oficina del Defensor ha recibido en la última década 3.475 quejas relacionadas con estos temas.
A juicio de la institución Defensor del Pueblo, a pesar de que la actividad bancaria es un servicio básico --potenciado por el incremento de los pagos por medios digitales-- el modelo vigente de atención al cliente ha de "ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables".
Para elaborar las conclusiones y recomendaciones de este informe, el Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico desde distintos enfoques --regulación, proyectos legislativos, iniciativas de autorregulación del sector bancario-- y ha examinado la operatividad de la atención bancaria y el acceso a efectivo, el servicio proporcionado a las personas con necesidades especiales, las cuentas de pago básicas, y la situación de la formación financiera y para la adaptación de los cambios tecnológicos de la población.
Así, ha identificado que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores --por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas al mantenimiento de sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades--; las personas extranjeras --por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias-- y los habitantes del mundo rural y la España vacía -por el imparable cierre de sucursales bancarias-.
También se considera en riesgo de exclusión financiera a las personas con discapacidad --por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y por otros problemas vinculados a la accesibilidad universal--, y colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.
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