Podemos ha presentado en el Congreso dos iniciativas para congelar los precios de los alquileres en todos los nuevos contratos de arrendamiento y también las nuevas licencias de alojamientos turísticos, medida esta última que sólo se aplicaría en las ciudades con más de 50.000 habitantes y hasta que "se solucione la emergencia habitacional".
Se trata de dos proposiciones no de ley que la formación de Ione Belarra ha registrado en la Cámara Baja para su debate en pleno. El objetivo principal de las iniciativas pasa por intervenir el mercado de la vivienda por sus altos precios.
En la primera PNL, relativa a la legislación del arrendamiento de temporada, Podemos insta al Gobierno a modificar la legislación que sea precisa para garantizar que en las zonas tensionadas las viviendas turísticas no puedan superar el 2%.
En el segundo punto de la propuesta es donde el partido urge a congelar la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos de todo tipo en las ciudades de más de 50.000 habitantes hasta que se solucione la emergencia habitacional.
También se incluye un punto para pedir al Ejecutivo que diferencie los arrendamientos turísticos de los otros arrendamientos temporales, tales como viviendas de estudiantes o trabajadores desplazados, para garantizar que estos arrendamientos temporales "respeten los límites de precios de arrendamientos previstos para la vivienda habitual en la Ley de Arrendamientos Urbanos".
REGULAR LOS PRECIOS EN MUNICIPIOS GRANDES
La otra propuesta que ha registrado Podemos versa sobre la congelación de los alquileres, y precisamente en su primer punto insta a realizar "las medidas legislativas necesarias" para congelar los precios de los alquileres, tal y como se hizo durante la crisis sanitaria derivada por el coronavirus, para todos los nuevos contratos de arrendamiento que se firmen en España.
En el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes donde no se encuentre vigente la declaración de zona tensionada, Podemos quiere establecer por ley una rebaja del 15% en el precio de los nuevos contratos.
Por último, la formación integrada en el Grupo Mixto reclama modificar la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, para ampliar la duración de los contratos de alquiler hasta los 10 años, o 12 años si el arrendador es una persona jurídica.