El PSOE ve "imperativo" que se ejecute la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenaba a la Generalitat a pagar a Renfe una deuda de 81 millones de euros por los servicios prestados en Rodalies entre 2016 y 2019.
Así lo dice el Grupo Socialista en una propuesta de resolución al informe de fiscalización que realizó el Tribunal de Cuentas sobre las medidas de Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante 2020. La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, se votará la próxima semana en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En ese informe, el organismo fiscalizador recomendaba a la Administración General del Estado, la Generalitat y Renfe Operadora formalizar un contrato o acuerdo de financiación que regule la prestación de los servicios de cercanías en Cataluña.
El Tribunal consideraba que dicho contrato debería especificar, al menos, los servicios a prestar, las compensaciones máximas a recibir por Renfe Viajeros, quién debe abonarlas, las obligaciones de las partes, los compromisos de calidad y puntualidad y los posibles incentivos y penalizaciones.
El PSOE suscribe esta recomendación mediante su propuesta de resolución, pero añade que considera "imperativo" que la Generalitat ejecute esa sentencia, lo que supone abonar a Renfe esos 81 millones de euros, y que "se abone la deuda imputable al Plan de Acción de Rodalies" de ese periodo.
RENFE DENUNCIÓ A LA GENERALITAT
La compañía reclamó en 2021 ese importe vía contencioso administrativa por la ampliación de los servicios de Cercanías que la propia Generalitat había solicitado a raíz del traspaso en 2010 de parte del servicio de Rodalies.
Pero el Govern no quería abonar ese dinero porque decía que buena parte del coste correspondía al canon ferroviario que se paga por circular por la infraestructura de Adif, que es competencia del Ministerio de Transporte.
Finalmente en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a Renfe y condenó a la Generalitat a pagar la deuda. Además, obligó al departamento de Territorio y Sostenibilidad a asumir las costas por un máximo de 3.000 euros.