Economía

• El Gobierno aprueba elevar el mínimo exento de IRPF a 15.876 euros para adecuarlo al SMI  (ABC)

  El Gobierno ha aprobado este martes el incremento del mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2024 desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros anuales, con el objetivo de actualizarlo a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que justo supone esa misma cifra en su cómputo anual, informa EP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, al igual que se hizo el año pasado, la subida del SMI aprobada también este martes se acompañará de un cambio legal para permitir que por debajo de esa renta «ninguna persona pague el IRPF». «O dicho de otra manera: que los contribuyentes que cobran hasta ese umbral estén exentos del pago de los correspondientes impuestos», ha señalado la titular de Hacienda. Esta modificación del reglamento supone, según Montero, una rebaja fiscal para rentas inferiores a 20.000 euros e implicará que los trabajadores que cobren el SMI -1.134 euros mensuales en 2024- no sufra ninguna retención. «Esta medida de IRPF va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con renta baja que se van a ahorrar 1.385 millones de euros en el año 2024», ha destacado la titular de Hacienda. Por ejemplo, Montero ha explicado que una persona que gane justo el SMI de 15.876 euros anuales, en el año 2017-2018 tenía una retención del 7%, pagando 1.111 euros al año a Hacienda. Ahora, con la rebaja fiscal aprobada los ciudadanos no tendrán que pagar nada. Otro ejemplo: una persona que gana un salario de 18.500 euros que corresponde al sueldo más frecuente del país, en 2024 pagará 1.128 euros frente a los 2.000 que pagaba en el año 2018, «casi la mitad que se pagaba con los gobiernos del Partido Popular». Igual ocurre con pensionistas que tienen prestaciones bajas y medianas que van a también a pagar menos impuestos que con el gobierno del Partido Popular, según Montero. Un jubilado entre 65 y 75 años que cobra pensión de 1.214 euros --17.000 euros anuales-- en 2018 esta persona pagaba 1.462 euros, mientras que en 2024 pagará 224 euros. Frente a esta rebaja fiscal a las rentas bajas, Montero ha reconocido que se le ha pedido un mayor esfuerzo a los que más tienen y ha recordado que el Ejecutivo ha incrementado la tributación de rentas de capital que superaban los 200.000 euros, se ha aprobado el impuesto de solidaridad a grandes fortunas, los gravámenes a la banca y energética o el 15% en sociedades para las multinacionales. «Todas estas medidas fiscales bajando o pidiendo un mayor esfuerzo han sido rechazadas por parte del Partido Popular. Su único interés es defender a los contribuyentes más privilegiados», ha criticado la vicepresidenta primera. Modificación legal en el proyecto de presupuestos Con todo, el Gobierno ha modificado el reglamento del IRPF para que estos contribuyentes no soporten retención en el impuesto. La ministra ha matizado que no se trata de la modificación legal que requiere el rango de ley, aunque ha asegurado que esto se hará en el proyecto de presupuestos.
• El enfriamiento económico reduce la intención de contratar de las empresas para 2024 al mínimo en cuatro años  (ABC)

  La desaceleración de la economía esperada para el presente ejercicio comienza a hacer mella en la moral de los empresarios y amenaza con decelerar sustancialmente el principal motor de actividad con el que cuenta España en este momento: la prolija creación de empleo que está manteniendo vivo el consumo interno y permitiendo importantes rúbricas como el avance del PIB del 2% de 2023.
• Más de 27.000 tractores colapsan las carreteras por la crisis del campo y cortan accesos en toda España  (El Correo Digital)

  El Gobierno lanza una ayuda extraordinaria de 269 millones de euros para 140.000 agricultores en plena jornada de protestas | Los agricultores sacan los tractores y ocasionan cortes en los accesos a las principales ciudades además de bloqueos en algunos puertos
• Portugal logra situar su deuda pública abajo del 100% de PIB  (ABC)

  El peso de la deuda en la economía es uno de los indicadores más importantes para las agencias de calificación y los inversores. En 2023, el Estado portugués cerró el año con una ratio de deuda pública del 98,7%, la cifra más baja desde 2009. Portugal volvió a tener una ratio de deuda pública inferior al 100% después de 14 años. El resultado se alcanzó un año antes de lo previsto por el Gobierno, que había fijado un objetivo del 103% para 2023. Sin embargo, un crecimiento superior al previsto, unos ingresos fiscales mayores de lo esperado y las operaciones de gestión de la deuda pública contribuyeron a adelantar este objetivo. El país cerró 2023 con este indicador en el 98,7%, según los datos publicados por el Banco de Portugal. El Estado no cerraba el año con este ratio por debajo del 100% desde 2009. La caída del endeudamiento se acentuó a partir de finales de 2020, cuando este indicador se disparó hasta el 134,5%. Después de este pico, el ratio cayó rápidamente. Moody's , por ejemplo, declaró recientemente que «la carga de la deuda seguirá cayendo a uno de los ritmos más rápidos entre las economías avanzadas, aunque a partir de niveles todavía elevados». La fuerte caída de la deuda se debió en gran medida al fuerte crecimiento de la economía portuguesa. En 2022, el PIB había crecido un 6,8% y este año aumentó un 2,3%, una cifra que superaba prácticamente todas las previsiones. Fernando Medina, Ministro de Finanzas , siempre ha apostado por aplicar una política de «cuentas correctas». El aumento del PIB por encima de lo previsto y el efecto de la inflación han permitido al Gobierno llegar a finales de 2023 con un superávit presupuestario basado en unos mayores ingresos fiscales. Según las cifras de ejecución presupuestaria publicadas esta semana, el Estado cerró 2023 con un superávit de 4.330 millones de euros en las cuentas públicas, impulsado por unos ingresos fiscales superiores en más de 5.200 millones a lo previsto. Además, a finales de 2023, el Instituto del Tesoro y Gestión de la Deuda Pública (IGCP) realizó operaciones de recompra de Bonos del Tesoro en manos de inversores, lo que permitió eliminar casi 700 millones de euros de deuda. Como resultado, el colchón financiero que posee el Estado portugués para protegerse de posibles coyunturas menos favorables y financiarse en los mercados se redujo ligeramente, pasando de 300 millones de euros el año pasado a unos 6.000 millones de euros. Para el conjunto del año, el Banco de Portugal indica que, desde la perspectiva de Maastricht, «la deuda pública disminuyó en 9.400 millones de euros con respecto a 2022», situándose en 263.000 millones de euros. La institución explica que esta «variación fue en gran parte el resultado de una reducción de los títulos de deuda a corto y largo plazo (-4.200 millones de euros y -11.000 millones de euros respectivamente), de los certificados del Tesoro (-4.200 millones de euros) y de los préstamos (-3.100 millones de euros). En cambio, hubo emisiones netas positivas de certificados de ahorro (14.400 millones de euros)». El Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni , felicitó hoy a Portugal por el «impresionante logro» de reducir la deuda pública nacional por debajo del 100% del PIB para 2023. «Enhorabuena, Portugal», escribió Gentiloni en la red social X, subrayando que «una reducción de 35 puntos [porcentuales] en cuatro años es un logro impresionante y un testimonio de los esfuerzos realizados desde la crisis financiera para construir una economía más sostenible, competitiva e integradora.» La caída de la deuda tranquiliza a las agencias de calificación Incertidumbre política y agencias de calificación son dos términos que no suelen llevarse muy bien. A la hora de analizar la solvencia de un país, tanto los analistas de las instituciones de calificación financiera como los inversores tienden a mostrarse escépticos durante las fases en las que no está claro qué tipo de gobernanza tiene una economía. A pesar de la caída del Gobierno de António Costa a principios de noviembre , la imprevisibilidad sobre el resultado de las próximas elecciones y los escenarios inciertos sobre las condiciones de gobernabilidad del próximo Ejecutivo, las agencias de calificación no han mostrado gran preocupación por Portugal. Noticia Relacionada estandar No La corrupción sacude Portugal: dimiten el presidente de Madeira y el alcalde de Funchal Tomás Guerreiro Se trata de la tercera crisis política que sufre el país en lo que va de año De hecho, el escenario político del país no impidió que, pocos días después de la dimisión de Costa, Moody's subiera dos escalones la calificación de Portugal, ascendiéndolo al club de los grados A, es decir, deuda de calidad superior a la media y bajo riesgo, un sello de credibilidad que permite reducir los costes de financiación. Uno de los factores que llevaron a la agencia a tomar esta decisión fue la rápida caída del ratio de deuda y el fuerte crecimiento de la economía. DBRS también declaró a principios de año que la «dinámica favorable de la deuda» permitía mitigar algunos de los riesgos a los que se enfrenta la economía portuguesa, como el efecto de la subida de los tipos de interés y la desaceleración económica.
• Bruselas plantea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 90% hasta 2040    (El Economista)

  Las protestas agrícolas agitan la política comunitaria. El rechazo por parte de ciertos sectores a la descarbonización de la economía polariza la conversación de las políticas climáticas emprendidas por la UE. Pero la estrategia verde trata también de impulsar la competitividad comunitaria, un esfuerzo por no perder la carrera de la transición verde contra otras potencias como Estados Unidos y China. En este contexto, la Comisión Europea ha presentado este martes una recomendación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un 90% hasta 2040, respecto a los niveles de 1990. Una meta que rebaja las aspiraciones de establecer un objetivo vinculante pero que, en todo caso, abre el camino hacia una segunda fase del Pacto Verde europeo.