Ekonomia

• La obligación de los autónomos y pymes de pagar en 30 días que aprobará Europa amenaza la viabilidad de miles de negocios  (ABC)

  Europa se encuentra inmersa en negociaciones entre los grupos representados en el Parlamento comunitario para alumbrar un nuevo reglamento que combata la morosidad empresarial y acabe con una de las las lacras que priva a parte del tejido productivo de disponer de los recursos financieros que necesitan para su subsistencia. De hecho, este retraso en la liquidación de deudas comerciales entre compañías es, según los responsables de la Comisión Europea, responsable de una de cada cuatro quiebras empresariales. En este momento, una vez presentado por los técnicos comunitarios un borrador con la propuesta del reglamento contra la morosidad, los grupos políticos y agentes sociales -representantes empresariales y sindicales en el ámbito europeo- se encuentra el texto en fase de negociación de enmiendas . Una vez conocidas las mejoras que grupos políticos, empresarios y representantes de los trabajadores quieran incluir en la norma, el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo deberán articular un texto definitivo que pasará el examen parlamentario para su visto bueno final. Noticias Relacionadas estandar Si La banca ya detecta un aumento de la morosidad por las subidas de tipos Daniel Caballero estandar No Los intereses que pagan las pymes se duplican en un año por el empuje de los tipos y el IPC Gonzalo D. Velarde Sin embargo, teniendo en cuenta que las elecciones al Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina, la primera semana de junio, no se espera que el texto sea aprobado antes del cierre de legislatura, por lo que sería la nueva composición de grupos políticos la que tendría que poner el broche a estos trabajos. Fuentes cercanas a las negociaciones en sede comunitaria descartan que se pueda comenzar a aplicar el nuevo reglamento, que incluye un régimen sancionador para las empresas morosas, antes de mitad de año. Efectos contraproducentes Sin embargo, uno de los aspectos llamativos que está aflorando a partir de la lectura del borrador propuesto por la Comisión Europea es la preocupación que ha generado entre las pequeñas y medianas empresas, y el colectivo de trabajadores autónomos. Si bien este segmento del tejido productivo es el más afectado por las extensas demoras en los pagos por parte de las grandes empresas que subcontratan la prestación de servicios o bienes, y también por los retrasos que experimentan en su relación comercial con las Administraciones Públicas, estos mismos pueden ser los más perjudicados en los casos en los que son ellos los contratistas -y por ende los obligados a liquidar sus deuda comercial por bienes o servicios con un tercero-. Cabe recordar que los últimos datos publicados por Cepyme a cierre de 2023, señalaban que el esfuerzo financiero asociado a la deuda comercial de las empresas se duplicó en el tercer trimestre del pasado ejercicio, llegando a los 2.700 millones de euros en cómputo anualizado para el conjunto de las pymes. Este esfuerzo financiero de 2.700 millones por la deuda comercial es el mayor desde junio de 2009 y se produce pese a la restricción del crédito comercial derivada de la subida de los tipos de interés -de los 2.700 millones de gasto, 1.400 millones corresponden al esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los restantes 1.300 millones por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días-. Ahora bien, tal y como se ha concebido esta primera versión del reglamento europeo contra la morosidad, la clave, la reducción de 60 a 30 días máximo el periodo de pago a proveedores, se aplica indistintamente a la totalidad de las sociedades mercantiles y titulares de una actividad comercial. Es decir, se aplica de igual forma a una empresa de más de 250 trabajadores que a un autónomo individual. Es aquí desde donde la patronal española está empujando para que se introduzcan modificaciones en el texto. Periodo transitorio y recargo automático Fuentes de la patronal consultadas por ABC, confirman que entre las peticiones que se ha trasladado a los grupos está la necesidad de aplicar la reducción a 30 días de una forma progresiva para así evitar un impacto financiero excesivo entre las empresas con una posición financiera más debilitada, a la que el hecho de tener que acelerar los pagos le pudiera comprometer su actividad ordinarias y por ende empujar a una situación falta del cierre. O si no se produce un periodo transitorio lo suficientemente amplio para que no haya impacto en los negocios, que se establezcan marcos diferenciados en función de los sectores y tamaño de las empresas. «Habrá que explorar la diferenciación entre sectores, el tamaño de las empresas, pero se deben poner cuestiones con el paso del tiempo que sean cumplidas. Tener reglas que se incumplen sistemáticamente y no conducen a nada, es ponernos el listón muy alto para que nadie lo pase», reclamaba el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva , este lunes durante la clausura de una jornada que sirvió para poner sobre la mesa las líneas fundamentales del nuevo reglamento y el posible impacto en los diferentes sectores. Otro de los elementos que la patronal ha trasladado como mejora al texto es la posibilidad, al margen de las sanciones para los casos de morosidad, es la posibilidad de incorporar recargos automáticos sobre el pago, de modo que todo el que pase el umbral máximo de pago sufra la carga de intereses. Por último, uno de los aspectos que puso sobre la mesa el representante de los autónomos y presidente de ATA, Lorenzo Amor , es la necesidad de establecer un marco diferenciado para los autónomos. Explica que si ya existen hondos problemas con la normativa actual que fija un plazo máximo de 60 días para el pago a proveedores, un a reducción drástica de este periodo no necesariamente implica un mejor funcionamiento de la cadena de pagos. «Defendemos el reglamento pero queremos que se establezcan excepciones para autónomos y pymes. Ya no se cumple con 60 días, imaginarse con 30 días», advertía Amor asegurando que los grandes «perdedores y paganos» del reglamento tal y como está a día de hoy son los autónomos. Del mismo modo, el representante de los autónomos dejó caer que ante la acuciante realidad de que en muchos la empresa incumplidora con el periodo de pagos a autónomos y pymes es el propio Estado y las diferentes Administraciones Públicas , una de las opciones que se podría legislar es la que los afectados por estos retrasos puedan liquidar el saldo con la reducción del pago de impuestos.
• El Banco de España propone combinar los subsidios con las políticas activas de empleo para facilitar la activación de los parados  (ABC)

  La escasez de mano de obra y los problemas de disponibilidad de la misma es una de las principales preocupaciones de los empresarios; de hecho, cada vez les preocupa más . Es lo que se desprende de la encuesta sobre la evolución de su actividad que el Banco de España realizó a las empresas españolas en el cuarto trimestre de 2023. Los resultados de esta encuesta, que fue publicada a mediados de diciembre, muestran un nuevo empeoramiento de los problemas de escasez de trabajadores : la existencia de dificultades en este ámbito es una percepción compartida por el 42,5% de las compañías, casi 4 puntos más que tres meses antes. «Es un problema que va ganando importancia.
• El autoconsumo supera ya a la nuclear en potencia instalada con casi medio millón de instalaciones en España  (ABC)

  El autoconsumo alcanzó al cierre de 2023 los 7.262 MW de potencia instalada, por lo que supera por primera vez a la nuclear, cuyos siete reactores suman 7.117 MW. No obstante, la generación eléctrica en las centrales nucleares es muy superior a la que se produce en los tejados de las viviendas y las industrias, ya que las primeras funcionan unas 8.000 horas al año, frente a las 1.200 horas de las placas fotovoltaicas. Así, las nucleares generaron el 20% del total, mientras que el autoconsumo supone tan solo el 3%, según datos de APPA renovables. No obstante, el año pasado se produjo la primera contracción del autoconsumo en nuestro país con la instalación de 1.943 megavatios (MW), lo que supone una reducción del 27% con respecto a la cifra récord de 2022. A pesar de esta ralentización en su crecimiento en su serie histórica, con estos casi 2.000 MW nuevos del año pasado -1.416 MW industriales y 527 MW residenciales-, el autoconsumo rompió al cierre del año pasado la barrera de los 7 gigavatios (GW) instalados en el país. Noticia Relacionada estandar Si Las placas solares colocadas en los tejados equivalen a dos centrales nucleares y a otra de gas Javier González Navarro El año pasado se alcanzó el récord de 2.649 MW instalados por la subida de la luz y las ayudas de los fondos europeos y de ayuntamientos Así, estos datos desvelan una importante caída frente a un 2022 récord en el que el autoconsumo creció en casi 2.650 MW -1.625 MW industriales y 1.024 MW residenciales, -casi el doble que el pasado año-. En rueda de prensa, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, vinculó esta caída «coyuntural» al fin paulatino de las ayudas a las instalaciones de los fondos de recuperación y a la caída en los precios de la electricidad frente a los picos que se vivieron en 2022. En este sentido, el presidente de APPA Autoconsumo, Jon Macías, consideró que, más allá de este cambio de tendencia en 2023, el dato «es muy bueno», ya que supone un crecimiento del 69% del autoconsumo en dos años, lo que «consolida» al sector y permite enfilar el objetivo de alcanzar la meta de los 19 gigavatios (GW) instalados en 2030 que dibuja el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno. Para ello, sería necesario un ritmo de 1,6 GW al año y «estamos por encima de esa senda», dijo González Moya. De cara a 2024, APPA ve «factible» que el sector se pueda mover en los volúmenes de entrada de nueva potencia en autoconsumo del año pasado, ya que las instalaciones son cada vez más baratas. «Creemos que podemos estar ahí de esos 1,9 GW de 2023», añadió González Moya. No obstante, el sector lamenta el problema que las grandes instalaciones tienen para verter y comercializar su excedente, llegándose a la situación «absurda» de tener que bloquear la generación con sistemas anti-vertido por «limitaciones regulatorias y técnicas». Ello lleva a que el 18% de la posible generación se desaprovecha , unos 1.642 GWh, que habrían representado un valor cercano a los 131 millones de euros solamente el año pasado. De esta manera, las empresas acumulan desde 2016 unas pérdidas de 405 millones de euros por esa energía que no puede ser vertida al sistema eléctrico. Además, si se hubiera aprovechado todo el autoconsumo en la cobertura de la demanda habría ascendido al 3,7% del consumo eléctrico nacional, con lo que se registra una pérdida del 0,7% que no se está pudiendo verter a las redes. Inversión media de 7.000 euros Por otra parte, el sector puso en valor el «gran potencial» del autoconsumo, ya que una instalación media en España de 4,7 kW para un consumidor residencial requiere una inversión media de 7.085 euros, con unos ahorros durante 2023 que habrían supuesto el 14% de la inversión, lo que implicaría la recuperación de la inversión en unos siete años. Respecto a los retos a futuro para la consolidación del sector, APPA mostró su preocupación por el «intrusismo» existente, que ha llevado a que «algunas instalaciones no se hicieron de la mejor forma posible». «Cuando se crece a tres digitos pasa esto en cualquier sector», añadió Macías, advirtiendo además del lastre que representa la «burocracia» en la tramitación de proyectos. Por otra parte, en lo que se refiere al despliegue en general de las tecnologías renovables en España , González Moya señaló que el cierre de 2023 dará una cifra de potencia instalada en línea con la de 2022 -con unos 7-8 GW-, aunque advirtió del desequilibrio en este crecimiento existente entre la solar y la eólica, con apenas un despliegue de unos 600 megavatios (MW), frente a los 1.500 MW del año anterior. «Se están poniendo todos los huevos en la misma cesta», aseguró. De todas maneras, subrayó que este ritmo de 7-8 GW anuales se queda «muy lejos» de la velocidad que marca el PNIEC, con la instalación de unos 11 GW 'verdes' al año hasta 2030 para alcanzar sus objetivos.
• Díaz acometerá la reducción de jornada aunque no lo respalde la patronal y hará disuasorio el despido  (Europa Press RSS)

  La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo. También acometerá una reforma del despido para que se adecúe a la Carta Social Europea y conseguir que sea "disuasorio".