El PSOE y los socios de investidura de Pedro Sánchez han traslado su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para ampliar la Ley de Cadena Alimentaria y que el Ministerio de Agricultura elabore indicadores de costes de producción de los alimentos y se eviten prácticas abusivas en el campo.
La portavoz adjunta de Esquerra en el Congreso, Teresa Jordà , se ha encargado de defender la propuesta desde tribuna este martes. Una iniciativa que, según ha explicado, proviene de las organizaciones agrícolas y "contiene la fórmula que el campo ha diseñado directamente en primera persona con conocimiento pleno de la realidad y con el objetivo de revertir las prácticas abusivas" que sufren los agricultores.
Entre otras medidas, la iniciativa de los independentistas quiere hacer efectiva la prohibición las ventas a pérdidas e incluir también las reventas en el sector, pues no se consideran en la legislación actual.
LOS SOCIOS COINCIDEN EN QUE LA LEY AHORA NO FUNCIONA
La primera en fijar posición ha sido Cristina Valido, de Coalición Canaria, que ha avanzado el apoyo de su partido a la inciativa para buscar "una ley más eficaz" que no permita el "abuso" de las grandes comercializadoras a unos productores "que cada vez son más pobres".
A continuación ha intervenido Néstor Rego, del BNG, para decir que la ley actual no funciona y es necesario reformarla, para establecer figuras o mecanismos de cálculo objetivos de los costes de producción agroganaderos.
Tanto Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, como Isidre Gavín, de Junts, han indicado que aunque no respalden en su totalidad la propuesta, sí la ven como una oportunidad para "abrir la ventana" a una reforma de la ley, que no ha llegado a tener los efectos que se esperaban. De forma similar se ha pronunciado el portavoz de Agricultura de EH Bildu en el Congreso, Iñaki Ruiz de Pinedo: "Es una oportunidad que tenemos que aprovecharla, es una de las demandas que se nos hace desde el sector".
EL GOBIERNO APOYA LA REFORMA
Del lado del PSOE, el diputado por Lleida, Amador Marqués, ha remarcado que el sector "necesita el refuerzo y la aplicación" de la ley de la cadena y así garantizar unos precios justos para el sector primario.
Por parte de Sumar, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, se ha suscrito a la reforma que propone ERC para evitar los abusos en el sector primario, que acaban teniendo impacto en la vida, la salud y en la economía.
Pero también para acabar con las ventas a pérdidas y conseguir una rebaja en los precios para el consumidor final, pues considera que la ineficacia de la ley actual provoca que las grandes comercializadoras incrementen los precios de manera notable para su propio beneficio.
"Ahí tenemos a las grandes distribuidoras, que juegan con unos alimentos que se encarecen un 800% más desde que se producen hasta que llegan a manos de los consumidores", ha denunciado.
PP Y VOX CRITICAN A LA LEY
En el turno de la bancada de la derecha, el portavoz de Agricultura de Vox, Ricardo Chamorro, ha criticado a la Ley de la Cadena Alimentaria, a la que ha catalogado como "fracaso", pues esta no afecta a los productos de terceros países que se importan a España con precios "irrisorios".
Sobre la proposición de ley que ha presentado ERC, Chamorro ha indicado que su marco "no es adecuado". "Sigue dando vueltas a un círculo absolutamente inoperativo", ha dicho el diputado en referencia a que es la ley sobre la que se basa la reforma la que no funciona.
En su opinión, es necesaria una política agraria que tenga en cuenta la aplicación de la preferencia comunitaria, la aplicación de leyes de libre competencia, un mayor control de las fronteras con terceros países y aplicar un principio de reprocidad en la producción extracomunitaria.
Ya por último, la portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Milagros Marcos, ha cargado duramente contra la inicativa de ERC al considerar que es intervencionista, elimina "totalmente" la negociación y busca fijar precios "al margen de la situación de los mercados y al margen de la ley".
"Nos lleva a la España preconstitucional, aquella en la que el Gobierno decía lo que tenían que producir y lo que tenían que cobrar", ha aseverado la diputada, para concluir diciendo que aunque la ley actual no funciona, su grupo está en las "antípodas" de la propuesta de ERC.